El arbitraje en infraestructura en Perú tras el primer mensaje a la nación
El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori se posesionó ante el Congreso de Perú y presentó su primer mensaje a la nación. Entre los objetivos de su gobierno destacó la ampliación de la infraestructura productiva y social del país, incluyendo proyectos de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como la mejora de instalaciones educativas y de salud. Sin embargo, el componente más desarrollado fue el plan vial. Fujimori anunció la culminación de la Línea 2 del Metro y la ejecución de las líneas 3 a 6, además de nuevas líneas en ciudades como Arequipa, Piura y Trujillo. También planteó múltiples proyectos de carreteras, entre ellos la culminación de la Nueva Carretera Central y diversos tramos de la Longitudinal de la Sierra.
Para financiar este ambicioso programa, Perú necesitará capital privado. La magnitud y duración de estos proyectos, así como su importancia estratégica y la constante interacción entre los inversores y el poder soberano, hacen que la seguridad jurídica sea un elemento central para su desarrollo. Los inversores, nacionales y extranjeros, exigirán garantías que permitan reducir los riesgos asociados a cambios regulatorios, decisiones administrativas y eventuales incumplimientos contractuales.
Entre estas garantías se encuentran mecanismos eficientes de solución de controversias, particularmente el arbitraje. Perú se ha consolidado como uno de los países de la región que más recurre a este mecanismo. En materia de arbitraje de inversión, actualmente cuenta con 22 arbitrajes en curso ante el CIADI, varios de ellos vinculados con sectores que el nuevo gobierno ha anunciado como prioritarios incluyendo energía, infraestructura pública, transporte y telecomunicaciones.
En el ámbito comercial, la Ley de Contrataciones del Estado establece el arbitraje como mecanismo obligatorio para resolver las controversias derivadas de los contratos públicos. La importancia de este mecanismo se refleja en el volumen de estas disputas, las cuales se ventilan regularmente en la mayoría de los centros arbitrales del Perú.
La continuidad de esta política resulta fundamental para Perú. Siendo un país receptor de inversión, ofrecer mecanismos de protección jurídica y solución de controversias contribuye a reducir el riesgo percibido por los inversores y, consecuentemente, facilita y abarata el financiamiento de proyectos de largo plazo. La posibilidad de someter una controversia a un tribunal arbitral independiente constituye una garantía relevante cuando el conflicto involucra precisamente decisiones del propio Estado peruano.
No obstante, la existencia del arbitraje no debe entenderse únicamente como una herramienta para resolver disputas una vez que estas ya han iniciado. El arbitraje también tiene una función preventiva. Un sistema arbitral confiable contribuye a la previsibilidad entre el Estado y los inversores. Por ello, el reto del Estado estará en evitar que el crecimiento de la inversión se traduzca en una multiplicación innecesaria de controversias. Será fundamental que, junto con mecanismos como el arbitraje, el Estado cumpla oportunamente sus obligaciones contractuales, gestione adecuadamente sus contratos y tome decisiones regulatorias consistentes, transparentes y previsibles.
Para los inversores, la planificación debe comenzar mucho antes de que surja la controversia. La estructura de la inversión, el vehículo societario, el tratado internacional aplicable y las cláusulas arbitrales determinan el alcance de las protecciones que pueda tener disponibles en caso de una disputa. Asimismo, una eventual reclamación exige analizar desde el inicio cuestiones tales como la jurisdicción, el alcance de las protecciones sustantivas, los méritos del caso, la causalidad y los daños, así como preservar adecuadamente la evidencia. El hecho de que una empresa considere que una actuación estatal vulneró sus derechos no garantiza que un tribunal tenga jurisdicción, encuentre una violación o reconozca los daños reclamados.
En conclusión, el ambicioso programa de infraestructura anunciado por el nuevo gobierno representa una oportunidad significativa para el desarrollo del Perú, pero su ejecución dependerá no solo de la disponibilidad de capital y de la capacidad del Estado para desarrollar los proyectos, sino también de la existencia de un marco jurídico previsible, el cual incluye al arbitraje como una institución jurídica esencial para que esto ocurra. En este nuevo ciclo, el arbitraje puede cumplir una doble función: proteger al inversor cuando surjan controversias y, al mismo tiempo, contribuir a generar las condiciones de seguridad jurídica necesarias para que dichas inversiones se materialicen en el país.
Por Ricardo Montalvo, asociado senior del área de Arbitraje Internacional.
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.
