Mecanismos de protección – garantías en los financiamientos de proyectos

Los inversionistas (distintos de los promotores) en un proyecto generalmente buscan obtener rentabilidad por su inversión, mas no asumir los riesgos distintos del propio riesgo del crédito o inversión que conceden. Por tanto, a cambio de dicho crédito o inversión solicitarán garantías que permitan que el proyecto sea rentable, y por tanto que puedan satisfacer todos los intereses de los participantes. Es importante indicar que estas exigencias son mayores en la fase inicial del proyecto (diseño y construcción) debido a que los gastos generados durante esta fase son muy elevados y los ingresos suelen ser escasos.

Entre las garantías que usualmente se otorgan en una estructura de financiamiento de proyecto encontramos las siguientes:

1. Garantías directas: garantías reales sobre activos tangibles o intangibles (contratos) del proyecto o garantías personales, limitadas o no en cuanto a monto y tiempo. La obligación del garante está circunscrita a lo que establezca el contrato.
2. Garantías indirectas: seguridades o soporte al crédito; tales como, contratos take-or-pay, garantía de suministro de materia prima, compromiso de cubrir deficiencias de flujo de efectivo y pactos similares.
3. Garantías contingentes: condicionadas a la materialización de un riesgo determinado. Puede ser una garantía de refinanciamiento después del financiamiento inicial del proyecto, de acceso a divisas para el repago del proyecto o una opción de pagar los intereses en moneda local o extranjera.
4. Garantías implícitas: no son garantías reales sino promesas de pago tipo comfort letters o cartas de conformidad por medio de las cuales una entidad matriz de otra que es la deudora, generalmente en el extranjero, emite una declaración a los acreedores afirmando que conoce del crédito que han otorgado a su filial y adquiriendo a veces el compromiso de mantener su participación accionaria en la filial, controlar su gestión o brindar algún apoyo financiero, entre otros.

Los inversionistas buscan que los promotores u otros sujetos intervinientes en el proyecto se comprometan contractualmente a:

1. El proyecto sea completado, incluso si los costos exceden los estimados, (o, si el proyecto no es completado, la deuda se pagará totalmente).
2. El proyecto terminado genere el suficiente flujo de caja para atender el servicio de la deuda.
3. Si por alguna razón, incluyendo fuerza mayor, las operaciones del proyecto son interrumpidas, suspendidas o terminadas, el proyecto continuará cumpliendo puntual y totalmente sus obligaciones de deuda.

Esta seguridad o cobertura de riesgo para los prestamistas se logra mediante acuerdos entre los sujetos intervinientes (incluidos los promotores, compradores, proveedores y eventualmente el Gobierno) y la Sociedad de Propósito Especial (“SPV” – por sus siglas en inglés) que desarrollará el proyecto, en los que se asegura que van a proveer los fondos eventualmente necesarios para completar el proyecto (si es que los costos excedieron el inicial estimado) o que se va a completar el flujo de efectivo necesario.

La obtención de estos recursos adicionales se puede lograr mediante acuerdos en los que algún interesado en el proyecto acceda a:

1. Comprometerse directamente a cubrir las deficiencias de flujo de efectivo (recibiendo algún beneficio a cambio; por ejemplo, el derecho a futuros productos del proyecto).
2. Acuerdos de suscripción de capital entre los socios de la compañía en caso de deficiencia de efectivo (recibiendo como contraprestación acciones, cuotas o alguna clase de participación en la SPV); o provisión de recursos como deuda subordinadas de la SPV.
3. Pólizas de seguro, créditos rotativos que solucionen deficiencias de efectivo, entregar fondos en fideicomiso para ser entregados en situaciones de sobrecostos o pactos similares.

Estos pactos en general pertenecen a una de dos categorías: los que garantizan la culminación del proyecto (o el pago de la deuda, en caso contrario); o los que aseguran el flujo de caja necesario para cubrir el servicio de la deuda.

El pago de la deuda puede ser entonces asegurado mediante ciertos contratos que aseguren al prestamista una entrada de dinero, garantías reales sobre los activos del proyecto y acuerdos de monitoreo del proyecto (covenants) que incluyen limitaciones para la SPV sobre inversiones permitidas, reparto de dividendos, límites a otorgar nuevas garantías (negative pledges) y disposición de los activos del proyecto. Es importante hacer notar que la justificación detrás de la solicitud de los promotores de contar con garantías adicionales a las garantías real radica en el hecho que los activos no valen mucho si el proyecto no es completado.

Gillian Paredes, socia senior del área de Mercado de Capitales y Regulación Bancaria
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°194