¿Cómo reducir la brecha de infraestructura en residuos sólidos?
Nadie puede negar que existe una barrera de entrada significativa al momento de realizar inversiones en infraestructura en residuos sólidos, cuya causa, en principio, es una inadecuada recaudación municipal.
De acuerdo con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024, elaborado por el MINAM en el año 2013, el gasto de los municipios en limpieza pública fue de S/ 930 millones, frente a una recaudación de S/ 440 millones; es decir, que el ingreso representó el 47.3% del gasto incurrido en limpieza pública. Aún más preocupante es el caso de la región Callao, donde el gasto per cápita del servicio de limpieza es más alto del país con 89.8 soles/hab./año, contra la recaudación que fue de 35.5 soles/hab./año, generándose con esto un déficit y, a todas luces, una serie de externalidades negativas.
No cabe duda que para asegurar una gestión y manejo de residuos sólidos adecuado se requiere, entre otros, modernizar los sistemas de recaudación municipal, así como reducir la brecha en infraestructura para la gestión y disposición final de los mismos.
Ante esta necesidad, pocos han prestado atención a una alternativa interesante que proporciona el Art. 70 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DL N° 1278), el cual señala que las municipalidades pueden celebrar convenios interinstitucionales con las empresas de servicios públicos, a fin de que estas actúen como recaudadores del cobro de las tasas del servicio. Esto quiere decir que existe la posibilidad de trasladar el cargo de la recaudación del servicio de limpieza pública a tarifas de un mercado con demanda inelástica -o poco sensible a los cambios de tarifas-, como es el caso de los servicios públicos de electricidad y agua.
Si se aplicase lo anterior, además de que se promueva la prevención y valorización de los residuos sólidos orientada a facilitar el retorno de los residuos al ciclo de producción de bienes y servicios -transformación a electricidad, combustibles, entre otros-, mediante el financiamiento de proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, es posible que se llegase a reducir una brecha de más de S/ 5,000 millones en infraestructura en residuos sólidos que existe en el país.
Por José Ballón, socio senior del área de Derecho Corporativo
