Desregulación y seguridad jurídica: lo que el nuevo Gobierno le ofrece al inversionista

El 28 de julio la presidenta Keiko Fujimori dio su primer mensaje a la nación. La lectura política la hará cada uno; a mí me interesa otra cosa. Para quienes trabajamos con inversionistas, nacionales y extranjeros, hubo una parte del discurso que conviene mirar con atención: la simplificación administrativa y la promesa de seguridad jurídica.
La presidenta ofreció a la inversión «estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras», y se comprometió a reducir trabas y a devolver predictibilidad a las decisiones del Estado. Su cuarto objetivo de gobierno es un Estado que facilite la inversión en lugar de estorbarla. Para eso anunció tres cosas: una desregulación profunda que elimine normas innecesarias, la reorganización de la administración pública para acabar con duplicidades y ordenar competencias, y la creación de una Autoridad Nacional Digital, con identidad digital para cada ciudadano. Habló además de transformar las compras públicas —casi la cuarta parte del gasto nacional— y de una reforma del servicio civil basada en el mérito.
¿Es novedoso? Sí y no. El Perú no carece de un marco promotor de la inversión. Los Decretos Legislativos 662 y 757 tienen más de treinta años, los convenios de estabilidad jurídica siguen plenamente operativos, tenemos una red amplia de tratados de inversión y de libre comercio, y somos parte del CIADI. El problema nunca fue la falta de reglas de promoción. El problema es la tramitología: permisos dispersos, competencias que se superponen entre los tres niveles de gobierno y una administración poco predecible. Cualquiera que haya acompañado un proyecto de inversión en el país lo sabe: el tiempo y el dinero se van en los trámites, no en la operación. Por eso creo que los anuncios apuntan al cuello de botella correcto.
Dicho esto, por ahora es una hoja de ruta. Desregular exige un inventario normativo serio y aplicar con rigor el análisis de calidad regulatoria. La identidad digital necesita que las entidades públicas realmente conversen entre sí. Y la reforma de compras públicas tendrá que articularse con la todavía reciente Ley General de Contrataciones Públicas. Nada de esto camina sin decretos, reglamentos, presupuesto y una relación de trabajo entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso bicameral. Los «shocks de simplificación», además, no son nuevos: varios gobiernos los anunciaron antes y los resultados fueron desiguales, casi siempre por la implementación.
¿Qué mirar en las próximas semanas? Yo seguiría tres frentes. Primero, los paquetes normativos de los primeros cien días, en especial las medidas de destrabe de infraestructura: el discurso comprometió la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, entre otros proyectos. Segundo, cómo se configura la Autoridad Nacional Digital y qué pasa con las ventanillas y los procedimientos que hoy padecen los proyectos. Tercero, las definiciones tributarias y laborales, donde medidas como el aumento de la remuneración mínima vital tendrán que convivir con la promesa de predictibilidad.
Mientras tanto, a los clientes extranjeros les repito lo de siempre: los convenios de estabilidad jurídica y tributaria siguen ahí, la protección de los tratados también, y planificar la permisología del proyecto desde el día uno sigue siendo la mejor defensa frente a la incertidumbre. El optimismo, con estructura.
Los anuncios van en la dirección que el mercado quería escuchar. Pero el examen no se rinde en el hemiciclo; se rinde en la cancha de juego. Serán las normas concretas, y sobre todo su ejecución, las que digan si esta vez la simplificación administrativa deja de ser una promesa recurrente y se convierte en una ventaja real del Perú como destino de inversión.
Por José Ballón, socio principal del área de Derecho Corporativo y M&A.
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.

