El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori se posesionó ante el Congreso de Perú y presentó su primer mensaje a la nación. Entre los objetivos de su gobierno destacó la ampliación de la infraestructura productiva y social del país, incluyendo proyectos de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como la mejora de instalaciones educativas y de salud. Sin embargo, el componente más desarrollado fue el plan vial. Fujimori anunció la culminación de la Línea 2 del Metro y la ejecución de las líneas 3 a 6, además de nuevas líneas en ciudades como Arequipa, Piura y Trujillo. También planteó múltiples proyectos de carreteras, entre ellos la culminación de la Nueva Carretera Central y diversos tramos de la Longitudinal de la Sierra.

Para financiar este ambicioso programa, Perú necesitará capital privado. La magnitud y duración de estos proyectos, así como su importancia estratégica y la constante interacción entre los inversores y el poder soberano, hacen que la seguridad jurídica sea un elemento central para su desarrollo. Los inversores, nacionales y extranjeros, exigirán garantías que permitan reducir los riesgos asociados a cambios regulatorios, decisiones administrativas y eventuales incumplimientos contractuales.

Entre estas garantías se encuentran mecanismos eficientes de solución de controversias, particularmente el arbitraje. Perú se ha consolidado como uno de los países de la región que más recurre a este mecanismo. En materia de arbitraje de inversión, actualmente cuenta con 22 arbitrajes en curso ante el CIADI, varios de ellos vinculados con sectores que el nuevo gobierno ha anunciado como prioritarios incluyendo energía, infraestructura pública, transporte y telecomunicaciones.

En el ámbito comercial, la Ley de Contrataciones del Estado establece el arbitraje como mecanismo obligatorio para resolver las controversias derivadas de los contratos públicos. La importancia de este mecanismo se refleja en el volumen de estas disputas, las cuales se ventilan regularmente en la mayoría de los centros arbitrales del Perú.

La continuidad de esta política resulta fundamental para Perú. Siendo un país receptor de inversión, ofrecer mecanismos de protección jurídica y solución de controversias contribuye a reducir el riesgo percibido por los inversores y, consecuentemente, facilita y abarata el financiamiento de proyectos de largo plazo. La posibilidad de someter una controversia a un tribunal arbitral independiente constituye una garantía relevante cuando el conflicto involucra precisamente decisiones del propio Estado peruano.

No obstante, la existencia del arbitraje no debe entenderse únicamente como una herramienta para resolver disputas una vez que estas ya han iniciado. El arbitraje también tiene una función preventiva. Un sistema arbitral confiable contribuye a la previsibilidad entre el Estado y los inversores. Por ello, el reto del Estado estará en evitar que el crecimiento de la inversión se traduzca en una multiplicación innecesaria de controversias. Será fundamental que, junto con mecanismos como el arbitraje, el Estado cumpla oportunamente sus obligaciones contractuales, gestione adecuadamente sus contratos y tome decisiones regulatorias consistentes, transparentes y previsibles.

Para los inversores, la planificación debe comenzar mucho antes de que surja la controversia. La estructura de la inversión, el vehículo societario, el tratado internacional aplicable y las cláusulas arbitrales determinan el alcance de las protecciones que pueda tener disponibles en caso de una disputa. Asimismo, una eventual reclamación exige analizar desde el inicio cuestiones tales como la jurisdicción, el alcance de las protecciones sustantivas, los méritos del caso, la causalidad y los daños, así como preservar adecuadamente la evidencia. El hecho de que una empresa considere que una actuación estatal vulneró sus derechos no garantiza que un tribunal tenga jurisdicción, encuentre una violación o reconozca los daños reclamados.

En conclusión, el ambicioso programa de infraestructura anunciado por el nuevo gobierno representa una oportunidad significativa para el desarrollo del Perú, pero su ejecución dependerá no solo de la disponibilidad de capital y de la capacidad del Estado para desarrollar los proyectos, sino también de la existencia de un marco jurídico previsible, el cual incluye al arbitraje como una institución jurídica esencial para que esto ocurra. En este nuevo ciclo, el arbitraje puede cumplir una doble función: proteger al inversor cuando surjan controversias y, al mismo tiempo, contribuir a generar las condiciones de seguridad jurídica necesarias para que dichas inversiones se materialicen en el país.

Por Ricardo Montalvo, asociado senior del área de Arbitraje Internacional.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.

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El 22 de julio de 2026 se publicó el Decreto Supremo n.° 009-2026-TR, que modifica el Reglamento de la Ley n.° 31572, Ley del Teletrabajo, para adecuarlo a los cambios introducidos por la Ley n.° 32102. La nueva regulación no solo amplía el contenido de los contratos o acuerdos de teletrabajo, sino que introduce reglas que inciden en la gestión cotidiana de esta modalidad. Buena parte de estas disposiciones requiere un desarrollo interno acorde con la realidad de cada organización. Por ello, su implementación exige revisar tanto los documentos contractuales como las políticas, los procedimientos y las prácticas que regulan su ejecución.

Una primera revisión debe recaer en los contratos y acuerdos de cambio de modalidad, cuyo contenido mínimo ahora comprende las medidas de seguridad aplicables al retiro o acceso a documentación confidencial, la periodicidad del mantenimiento de los equipos y, cuando corresponda, los ajustes razonables para teletrabajadores con discapacidad. El desafío no se agota en agregar cláusulas: recurrir a un modelo estándar será insuficiente si no refleja las condiciones reales de prestación del servicio.

La norma también regula las actividades particulares realizadas durante la jornada, sujetándolas a las disposiciones internas sobre licencias y permisos. Si el empleador detecta una actividad no autorizada, el teletrabajador deberá justificarla antes de que se determine una eventual responsabilidad disciplinaria. Por ello, resulta indispensable contar con reglas claras sobre permisos, canales de comunicación, mecanismos de supervisión y criterios para evaluar las justificaciones, respetando la intimidad y el debido procedimiento.

La gestión operativa deberá prever cómo actuar ante fallos técnicos o de conectividad ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. Si el teletrabajador los acredita oportunamente, estos no podrán imputársele como infracción disciplinaria, considerarse en detrimento de su productividad ni afectar su remuneración. Los empleadores deberán definir los canales de reporte y los criterios razonables de acreditación, evitando respuestas improvisadas o tratamientos distintos ante situaciones similares.

El cambio del lugar habitual de teletrabajo genera obligaciones para ambas partes. El teletrabajador deberá comunicarlo con cinco días hábiles de anticipación, salvo causa justificada, mientras que el empleador deberá identificar nuevamente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios. Esta evaluación debe limitarse al espacio habilitado para trabajar —y no extenderse a todo el domicilio— y considerar las condiciones físicas del lugar, así como los riesgos eléctricos, ergonómicos y psicosociales. Como parte de la gestión preventiva del teletrabajo, deberán determinarse y comunicarse los periodos destinados a las pausas activas.

En una eventual fiscalización o controversia laboral, no bastará con exhibir un contrato actualizado. El empleador deberá acreditar que sus políticas de permisos, mecanismos de supervisión, protocolos frente a fallas de conectividad y medidas de seguridad y salud son coherentes y se aplican efectivamente. El verdadero reto será convertir las nuevas obligaciones en procedimientos claros, uniformes y verificables. De lo contrario, la adecuación quedará en el papel y el teletrabajo continuará siendo una fuente de contingencias laborales.

Por Yesica Chanine, asociada de la sede Tacna del Estudio Muñiz.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.

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El private equity en el Perú lleva años en una situación paradójica: hay más atracción que nunca, el mercado creció sostenidamente en 2025 y hay fondos locales con track record demostrado, pero el salto hacia una industria madura y competitiva a nivel regional todavía no se da. Enfoca, la gestora de PE más grande del país con más de 700 millones de dólares de activos bajo gestión, es el mejor espejo de esa paradoja; ha enfrentado en estos últimos años dificultades para concretar la salida (exit) de alguna de sus posiciones que ya superaban el plazo de inversión, lo cual no representa una historia de fracaso, sino una historia del mercado, y el mercado tiene, al menos, dos tareas pendientes.

La primera es el problema que anticipamos de los exits de negocios. El private equity no es, en esencia, un negocio de inversión; es un negocio de desinversión. Un fondo compra, profesionaliza y vende. El problema del mercado peruano es que las rutas de salida son estrechas: (i) la Bolsa de Valores de Lima no es una opción realista para una IPO, (ii) los compradores estratégicos locales son limitados, y (iii) el mercado de ventas secundarias entre fondos —que en Estados Unidos o Europa es un ecosistema en sí mismo— aquí es prácticamente inexistente. El resultado es que los fondos que invierten bien, en buenos sectores y con buenos equipos, terminan atrapados esperando un comprador que no siempre aparece cuando el mandato del fondo lo requiere. No es un problema de la empresa de portafolio, sino de la profundidad del mercado «de desinversión». La solución a este problema no viene de una reforma legal ni de un cambio regulatorio, sino de algo más simple y más difícil: estabilidad política y crecimiento económico sostenido. El comprador que puede absorber los exits del PE peruano —el gran fondo regional, el estratégico multinacional, el family office latinoamericano— no toma esa decisión mirando únicamente el EBITDA de la empresa, sino también el riesgo país. Y en los últimos años, el Perú le ha dado razones suficientes para mirar hacia otro lado. Un ciclo virtuoso de estabilidad política no solo atraerá nuevas inversiones, también creará el mercado de compradores que el PE local necesita para cerrar el ciclo con normalidad.

La segunda tarea pendiente está del lado de las empresas potenciales para recibir la inversión. Para que un fondo pueda entrar, esa empresa necesita estar en condiciones de ser invertible: estados financieros auditados, una estructura societaria ordenada, contratos formalizados y una gestión que no viva exclusivamente en la cabeza del fundador. En el Perú, una fracción importante de las empresas medianas con real potencial no cumple esas condiciones. El due diligence llega y encuentra una caja negra: pasivos laborales sin provisionar, contratos verbales con clientes clave, ausencia de información sistematizada; elementos que ahuyentan a los fondos de materializar la inversión.

Aquí también hay una razón para el optimismo. El mercado peruano está atravesando un momento de transición generacional en la empresa familiar que representa, quizás, la mayor oportunidad de los próximos diez años para el PE local. Los fundadores y sus sucesores enfrentan, de manera general, dos caminos igualmente válidos: (i) vender, y ahí el PE es el destino natural, o (ii) quedarse, profesionalizar y crecer. Este segundo camino es, en cierta forma, un PE previo, ya que la nueva generación ordena la casa, instala sistemas de información, incorpora gobierno corporativo y construye el track record que un fondo necesita ver antes de invertir.

En síntesis, el private equity peruano no necesita un entorno perfecto, necesita un entorno suficientemente estable para que los exits sean posibles, y un tejido empresarial suficientemente maduro para que las entradas valgan la pena. Representamos un mercado con clase media creciente, sectores subpenetrados y empresas que todavía tienen mucho valor por desbloquear. Las dos tareas pendientes son reales, pero son tareas, no condenas.

Por Luis Hernández, asociado junior del área de Derecho Corporativo / Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.

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La regulación puede cambiar en un día. Las instalaciones petroleras construidas y operadas durante décadas, no. Esta diferencia resume uno de los principales desafíos del proyecto de nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, publicado por el Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Ministerial n.° 240-2026-MINEM/DM.

La actualización es necesaria. El reglamento vigente fue aprobado en 2004, cuando varias de las tecnologías, prácticas y riesgos que hoy enfrenta la industria no tenían el mismo desarrollo. El proyecto incorpora, entre otros aspectos, sistemas de gestión de integridad de pozos y plataformas marinas, reglas específicas para operaciones costa afuera, medición remota de la producción y un seguimiento más frecuente del Régimen de Máxima Eficiencia.

Sin embargo, la nueva regulación no se aplicará sobre una hoja en blanco. El Perú cuenta con campos maduros e instalaciones diseñadas, construidas o modificadas bajo reglas y estándares de distintas épocas. Exigir condiciones actuales de seguridad es legítimo y necesario; asumir que toda instalación preexistente puede adecuarse inmediatamente, no necesariamente lo es. El desafío jurídico consiste, entonces, en ordenar esa transición con razonabilidad y predictibilidad.

El proyecto busca atender este problema. Su Primera Disposición Complementaria Transitoria dispone que los contratistas en fase de explotación cuyas instalaciones no se encuentren adecuadas deberán presentar ante Osinergmin, en un plazo de 180 días calendario, un diagnóstico de cada instalación y un cronograma sustentado de adecuación. También permite justificar los casos en los que la adecuación no resulte técnicamente posible. Osinergmin evaluará la documentación, aprobará, de ser el caso, los plazos correspondientes y emitirá previamente los procedimientos, requisitos y criterios aplicables.

El mecanismo constituye un punto de partida adecuado, pero su eficacia dependerá de la precisión de las reglas que lo desarrollen. Un cronograma solo brinda seguridad jurídica si se conoce qué tratamiento recibirán las instalaciones durante su evaluación y ejecución, qué obligaciones quedarán sujetas al plazo aprobado y cuáles serán exigibles de inmediato. De lo contrario, podría ocurrir que un operador ejecute una adecuación conforme a un cronograma autorizado y, simultáneamente, enfrente cuestionamientos por no cumplir todavía la condición que se encuentra regularizando.

Los criterios de evaluación también deberían responder al nivel de riesgo. No todas las instalaciones presentan las mismas condiciones ni toda diferencia frente al nuevo reglamento exige la misma respuesta. La protección de las personas y del ambiente debe guiar la priorización, distinguiendo entre medidas inmediatas, adecuaciones estructurales y supuestos de imposibilidad técnica. Esta última no puede confundirse con una mera inconveniencia económica; pero la antigüedad, la vida útil remanente y la magnitud del riesgo sí deben formar parte del análisis de proporcionalidad.

La transición requiere, además, coordinación institucional. Para las plataformas marinas, el proyecto atribuye a la DICAPI la evaluación de la adecuación de sus sistemas de integridad y dispone que la documentación y sus pronunciamientos sean comunicados a Osinergmin. La delimitación de competencias y el intercambio de información serán indispensables para evitar exigencias duplicadas o criterios contradictorios sobre una misma instalación.

Otro aspecto relevante es la incorporación de estándares internacionales. El proyecto señala que aquellos citados en el reglamento serán obligatorios. Por ello, deberá precisarse su versión, alcance y forma de aplicación, diferenciando claramente una obligación exigible de una práctica recomendada. La flexibilidad técnica es valiosa, pero, cuando su incumplimiento puede generar una sanción, la tipicidad y la predictibilidad exigen especial precisión.

Modernizar con seguridad jurídica no significa reducir las exigencias de seguridad. Significa que cada operador pueda conocer qué debe adecuar, en qué plazo, bajo la supervisión de qué autoridad y con qué consecuencias. El éxito del nuevo reglamento no se medirá por el número de artículos o estándares que incorpore, sino por su capacidad para convertirlos en obligaciones claras, viables y efectivamente orientadas a reducir riesgos y promover inversiones responsables.

Por Pedro Pregúntegui, asociado junior del área de Minería y Desarrollo Sostenible / Petróleo y Gas.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.

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En Perú, más del 80 % de la población usa redes sociales, y las empresas lo saben¹: hoy se vende tanto por catálogo web como por Instagram, TikTok o WhatsApp Business. Este fenómeno, conocido como social commerce, ha transformado la manera en que las marcas ganan visibilidad y cierran ventas, dejando atrás la idea de que el comercio electrónico se limita a una tienda virtual propia; los influencers y la compra dentro de la misma red social forman ya parte del día a día del consumidor peruano².

Esta realidad no ha pasado desapercibida para el regulador, pues el 18 de julio de 2026, mediante Resolución Ministerial n.° 244-2026-PCM, se publicó una propuesta de modificación al Reglamento del Libro de Reclamaciones. El objetivo declarado es adecuar la norma a los canales digitales y, en particular, a las plataformas donde hoy se concentra buena parte del comercio electrónico. El documento se encuentra todavía en proceso de revisión y recepción de comentarios antes de su publicación definitiva, pero conviene que tanto grandes empresas como pequeños emprendedores empiecen a familiarizarse con lo que podría venir.

Un cambio de enfoque en la definición:
Actualmente, el Reglamento entiende por «establecimiento comercial abierto al público» tanto el espacio físico como el medio virtual en el que un proveedor desarrolla sus actividades.

La propuesta de modificación restringe esta definición únicamente al espacio físico donde se realizan las actividades económicas, incluida la oferta de productos o servicios. Pero, en paralelo, introduce un concepto totalmente nuevo: la «plataforma digital de comercio electrónico», entendida como el entorno digital por el que se realiza directamente la actividad comercial —incluyendo la oferta, comercialización o contratación— o mediante el cual esta se facilita. Esta definición abarcaría desde sitios web propios hasta redes sociales como tal.

Sobre la reglamentación del libro de reclamaciones para plataformas digitales:
Este ámbito también es una novedad y señala específicamente cuáles serán los requisitos adicionales que deben cumplirse en la implementación del libro de reclamaciones en plataformas digitales:

• Contar con el anuncio y acceso al libro en la página de inicio del sitio web, aplicación o canal digital.
• El acceso no puede estar condicionado a ningún requisito previo.
• Al concluir el registro, el formulario de reclamación debe enviarse automáticamente al correo indicado por el consumidor y debe poder imprimirse.
• Debe generarse una confirmación de la voluntad del consumidor de presentar el reclamo o queja.
• Los reclamos o quejas deben tener una numeración correlativa y el registro de la fecha y hora en que se realizaron.
• Los formularios deben poder llenarse desde cualquier dispositivo móvil, permitir el ingreso de adjuntos y alertar al consumidor en caso no se haya completado correctamente alguno de los datos mínimos de registro.

Tal como podrá ser apreciado, la propuesta de modificación del Reglamento busca cubrir las aristas que actualmente significa un vacío para la atención de reclamos y quejas mediante canales digitales.

Más allá del contenido puntual de la propuesta, lo relevante es la dirección que marca: la autoridad reconoce que los entornos digitales cumplen una función comercial y, para los negocios que hoy atienden consultas, publican catálogos o cierran ventas por canales digitales o redes sociales, esto implica diseñar procesos, pensando en el libro de reclamaciones.

No se trata solo de dónde colocar un enlace, sino de entender qué canales de la empresa podrían quedar comprendidos y desde cuándo. Si bien estos cambios aún no han sido aprobados y la autoridad deberá realizar aclaraciones sobre la modificación, específicamente en cuanto a su aplicación en redes sociales y el alcance que se tendrá cuando las mismas son usadas únicamente para fines publicitarios, lo cierto es que los proveedores muy pronto tendrán que adaptarse a nuevas obligaciones si desean continuar con su expansión en entornos digitales, para lo cual será trascendental contar con un equipo legal que, desde el conocimiento y manejo de la normativa relacionada a la protección al consumidor y con un enfoque preventivo, pueda acompañarlos para migrar a un cumplimiento digital de estas nuevas obligaciones.

Si tu empresa vende o promociona desde canales digitales o redes sociales, este es el momento para revisar tus plataformas y, desde ya, estar preparados ante los cambios normativos que se avecinan.

Por Daniela Rodríguez, asociada de la sede Arequipa del Estudio Muñiz.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°225.

1. Lima Retail, Estadísticas de Redes Sociales más usadas en el Perú este 2026, 09 de marzo 2026. ︎
2. Cfr. Juan Rosas, ‘Social commerce’: las redes sociales se transforman en tiendas, 05 de marzo de 2025. ︎

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Vamos a la playa, oh, o-o-o-oh. Vamos a la playa. La bomba estalló. Fue el tormentone del verano de 1983 en Italia. El tema del dúo Righeira, portaestandarte de la música disco en la península, había conquistado las radios (un tormentone es un texto corto, fácil de recordar, que se repite constantemente y que genera una aceptación emocional que puede durar semanas).

El verano ha servido para crear conceptos que han marcado la vida política italiana. Un governo balneare (gobierno de verano) es uno de poca duración, dirigido la mayoría de las veces por un «técnico» y no por un político. Por coincidencia, su mandato arrancaba en junio (inicio del verano) y guiaba a la nación hasta noviembre o diciembre, fecha en la que se realizaban elecciones. Es decir: no nos compliquemos en verano, dejemos todo para el frío invierno.

Un ejemplo de governo balneare es el de Giovanni Leone (entre julio y diciembre de 1963). No fue el único. Entre junio de 1968 y diciembre de ese año repitió el plato. Y han seguido otros más. Leone, alto dirigente de la democracia cristiana, fue elegido años después presidente de la República (1971-1978).

Italia es una república parlamentaria. Los roles del jefe de Estado y jefe de Gobierno están definidos en la Constitución. Terminada la Segunda Guerra Mundial, mediante un referéndum, se eligió a la república en lugar de continuar con la monarquía (1946). La familia real Savoia abandonó el país y comenzó la Primera República (la Segunda comenzó a inicios de los 90, luego de tangentopoli —un escándalo de sobornos e intercambio de favores que aniquiló a los partidos que habían gobernado durante casi 50 años—, la caída del muro de Berlín a finales de los 80 y la aparición en política del multimillonario Silvio Berlusconi, propietario del AC Milan).

¿Hemos tenido «gobiernos de verano» en Perú? Pareciera que sí. José Jerí asumió el cargo de presidente en octubre del año pasado (el invierno nos dejaba y el clima empezaba a cambiar) y fue censurado en febrero (pleno verano): 4 meses. Acto seguido, José María Balcázar tomó la posta (gobernará 5 meses). Retrocedamos un poco. Francisco Sagasti llegó en noviembre de 2020 y partió en julio del año siguiente (8 meses). Manuel Merino fue un veranillo de otoño en noviembre (5 días).

En Perú no han existido gobiernos de tipo parlamentario. En realidad, seguimos un modelo presidencial al que se le han agregado elementos de control tomados del parlamentarismo (presidencialismo atenuado). Adoptar uno —algunos han susurrado que sería lo más apropiado— iría en contra de nuestra historia constitucional. El tormentone de Righeira llegó por aquí en el verano de 1984. La Herradura y Redondos tenían arena. No vayamos a terminar como dice su estribillo más conocido. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa. La bomba estalló.

Por Arturo Ferrari, gerente de Comunicaciones del Estudio Muñiz.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°224.

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Esta pregunta es uno de los tópicos que más frecuentemente se nos consulta en nuestra labor como asesores en asuntos penales. De suceder un delito dentro de las operaciones de la empresa, ¿el gerente general o inclusive el directorio está expuesto a ser imputado penalmente?

La pregunta evidencia una preocupación válida de quien, además de administrar la empresa y buscar que alcance sus objetivos comerciales y financieros, también debe soportar la posibilidad de ser procesado y sancionado penalmente, independientemente de su efectiva participación en los hechos investigados. En efecto, en nuestro país las autoridades a cargo del proceso penal, llámese los fiscales y jueces, tienen la tendencia de atribuir responsabilidad penal por el cargo, presumiendo a priori que el gerente o director, por ostentar dicho cargo, tiene el control y responsabilidad total de lo que pasa en la empresa. Esto incluso es más grave en caso se investigue un delito ambiental, pues la existencia del artículo 314-A del Código Penal y su aplicación literal es utilizada para atribuir responsabilidad al representante legal, más allá de que exista o no una intervención concreta y corroborada en su contra.

Claramente en caso el gerente o director haya ordenado, ejecutado o, en general, se haya servido de la empresa para delinquir, estaremos en un escenario de atribución adecuada de responsabilidad penal basada en su intervención directa y un “dominio de hecho o del devenir del curso delictivo”. La problemática surge cuando a pesar de no haber tenido dicha intervención ni dominio de los hechos, la Fiscalía pretende responsabilizar al gerente o director porque se asume que debía conocer o controlar todo lo que sucede en la empresa, sin investigar su efectiva intervención. Razonamiento que, por contravenir el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal que proscribe toda forma de responsabilidad por hechos ajenos, no debería prosperar.

Ante este escenario, desde hace varios años, la Corte Suprema viene emitiendo jurisprudencia casatoria corrigiendo esta práctica, exigiendo a la Fiscalía que, en caso se busque atribuir responsabilidad penal a un integrante de la Alta Dirección de la empresa, indispensablemente deba: I. Identificar el ámbito o competencia funcional del investigado dentro de la empresa, II. Acreditar que el investigado omitió su deber funcional (posición de garante) y III. Que dicha omisión funcional propició el resultado delictivo. Destacan, en ese sentido, las Casaciones 455- 2017 Pasco o la Casación 1563-2019 La Libertad, que entienden la imputación contra un órgano de administración y/o dirección posible en clave de omisión impropia por tener posición de garante frente a los riesgos penales derivables de la actividad de la empresa.

Por lo anterior, con base en estos lineamientos planteados por la Corte Suprema, es indispensable una delimitación de funciones y responsabilidades (competencias) en los procesos críticos de la empresa (riesgos laborales, riesgos ambientales, corrupción, lavado de activos, etc), para evitar que la Fiscalía escale o atribuya inadecuadamente la posible responsabilidad penal dentro de la empresa.

Lo anterior, una clara e inequívoca delimitación funcional, se puede lograr aprovechando los instrumentos internos y propios de la empresa, como son: mapa de procesos, descripción de puestos, procedimientos operativos, contratos de trabajo, etc.

¿EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN AMBIENTAL CONLLEVA LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE?

• La gran mayoría de investigaciones penales por atentados contra el medio ambiente se originan por una fiscalización ambiental, en la que el organismo supervisor solo identifica la superación de un parámetro contemplado en la norma o en el instrumento de gestión ambiental o, en general, en el incumplimiento de una obligación ambiental.
• La pregunta que surge es: ¿ello es suficiente para sostener que se ha cometido delito ambiental?
• La Corte Suprema, mediante Acuerdo Plenario 02.B-2023 Fundamento Jurídico 34, ha aclarado que no basta con la mera infracción administrativa de una obligación ambiental, sino que es necesario que la conducta investigada conlleve un peligro potencial contra el medio ambiente o haya causado un daño tangible contra dicho bien jurídico.
• Este criterio diferenciador vinculante para los órganos jurisdiccionales sirve para esclarecer y delimitar el alcance de la persecución penal, que no debe ser utilizada para procesar y sancionar infracciones administrativas.

Por Ian Galarza, socio senior del área de Compliance y Derecho Penal.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°224.

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Por medio de este comentario, analizamos la influencia del X Pleno Casatorio Civil en la aplicación de la prueba de oficio dentro del proceso civil peruano, centrándonos en la tensión existente entre la búsqueda de la verdad material y el respeto de las garantías procesales, especialmente el principio de preclusión y la imparcialidad judicial. Aunque el X Pleno Casatorio Civil tuvo como finalidad establecer criterios claros para el uso de esta facultad judicial, el análisis efectuado demuestra que su aplicación práctica ha seguido siendo objeto de debate en la jurisprudencia emitida con posterioridad a su publicación.

Desde el punto de vista teórico y normativo, la prueba de oficio es concebida como una potestad jurisdiccional excepcional que permite al juez incorporar medios probatorios adicionales cuando la actividad probatoria de las partes resulta insuficiente para formar convicción sobre los hechos controvertidos. Esta institución encuentra su fundamento en el artículo 194° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30293, norma que delimita expresamente los presupuestos para su ejercicio: insuficiencia probatoria real, existencia de una fuente de prueba previamente citada por las partes, pertinencia del medio probatorio, respeto del derecho de contradicción y motivación reforzada de la decisión judicial. En este marco, la prueba de oficio no constituye un derecho de las partes ni un mecanismo para suplir su carga probatoria, sino una herramienta orientada a garantizar decisiones jurisdiccionales fundadas y racionalmente controlables.

El X Pleno Casatorio Civil refuerza esta concepción al precisar que la prueba de oficio es una facultad excepcional y no un deber automático del juez. Así mismo, establece límites estrictos para su aplicación, entre ellos su actuación en una sola oportunidad y la prohibición de emplearla para corregir la negligencia procesal de las partes. De este modo, el precedente busca preservar el equilibrio entre el rol activo del juez y la estructura contradictoria del proceso, evitando afectaciones al principio de igualdad procesal y a la imparcialidad judicial.

Un eje central de análisis es la relación entre la prueba de oficio y el principio de preclusión. La preclusión divide el proceso en etapas sucesivas y excluyentes, imponiendo a las partes la carga de realizar sus actos procesales dentro de plazos determinados. Su finalidad es garantizar la seguridad jurídica, la previsibilidad del proceso y el derecho de defensa. La doctrina advierte que un uso indiscriminado de la prueba de oficio puede desnaturalizar este principio, al permitir la reapertura de etapas procesales ya cerradas. Sin embargo, el X Pleno introduce una flexibilización limitada al admitir que, en supuestos excepcionales y debidamente motivados, el juez pueda valorar la incorporación oficiosa de medios probatorios ofrecidos extemporáneamente o declarados improcedentes, siempre que ello sea indispensable para el esclarecimiento de los hechos.

Luego de revisar diversa jurisprudencia emitida entre los años 2020 y 2026, hemos podido identificar una evolución progresiva en la recepción del X Pleno Casatorio Civil. Durante el año 2020, su influencia fue incipiente debido a su corto periodo de vigencia, observándose decisiones que aún no incorporaban plenamente sus reglas. En 2021 y 2022, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional comenzaron a aplicar con mayor claridad los criterios del Pleno, validando la prueba de oficio solo cuando existía una insuficiencia probatoria real y rechazando su uso como instrumento para subsanar la inactividad de las partes.

En el año 2023 se aprecia una etapa de madurez jurisprudencial, en la cual la prueba de oficio es analizada desde una perspectiva más técnica y garantista. Las decisiones enfatizan el deber de motivación reforzada, el respeto del contradictorio y la necesidad de impugnación oportuna frente a excesos en su actuación. Para el año 2024, la tendencia se consolida exigiendo una justificación sustantiva estricta sobre la relevancia y necesidad del medio probatorio incorporado de oficio, incluso en contextos de rebeldía procesal.

La jurisprudencia del año 2025 muestra un giro relevante, al reconocer que, en ciertos supuestos, la actuación de pruebas de oficio puede devenir en un instrumento indispensable para garantizar el debido proceso y alcanzar una decisión materialmente justa. No obstante, incluso en estos casos, se reafirma que dicha potestad no elimina la vigencia del principio de preclusión ni exonera a las partes de su deber de diligencia procesal. Finalmente, el análisis del año 2026, aunque limitado por ser el año en curso, confirma una continuidad en la lógica de excepcionalidad. La línea jurisprudencial de estos siete años revela que, a pesar de los temores iniciales sobre posibles excesos judiciales, la mayoría de los magistrados ha optado por un respeto estricto a los límites del X Pleno Casatorio Civil.

En conclusión, la prueba de oficio en el Perú ha dejado de ser una potestad deliberada para convertirse en una institución reglada. Si bien el principio de preclusión puede ceder ante la necesidad de una resolución justa, esto solo ocurre bajo un estándar de justificación exigente. La jurisprudencia ha logrado equilibrar la balanza: el juez no reemplaza a las partes en su deber de probar, pero tampoco es un espectador pasivo frente a la injusticia por falta de información. El éxito del X Pleno Casatorio Civil reside, entonces, en haber transformado una facultad controversial en un mecanismo de auxilio judicial con límites precisos y controlables.

Por Julissa Yamani, socia del área de Litigios.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°224.

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La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro. Es una realidad que opera en hospitales, juzgados, empresas y universidades. Y en Perú, desde setiembre de 2025, también tiene reglamento: el Decreto Supremo N° 115-2025-PCM regula su uso en el marco de la Ley N° 31814 y deja claro algo que muchos prefieren ignorar: la IA puede hacer daño si no se usa bien.

El reglamento no llega para frenar la innovación. Llega para que nadie juegue con fuego sin extintor cerca. Establece que todo sistema de IA debe operar bajo principios concretos: transparencia, no discriminación, protección de datos personales y, sobre todo, supervisión humana. Eso último no es un detalle menor: significa que ninguna máquina debería tomar decisiones que afecten derechos de personas sin que un ser humano capacitado pueda detenerla, corregirla o invalidarla.

La IA no tiene criterio moral. Las personas sí.
Esto es precisamente lo que señalan expertos en innovación legal como los de IE Law School: el abogado —y en general cualquier profesional— del siglo XXI no puede limitarse a usar herramientas. Tiene que entenderlas, cuestionarlas y saber cuándo no usarlas. La IA automatiza tareas repetitivas, analiza datos y genera contenido a una velocidad imposible para un humano. Pero no distingue entre lo justo y lo injusto. Eso sigue siendo territorio nuestro.

La norma peruana lo recoge al clasificar los riesgos. Hay usos que están prohibidos: manipular decisiones de personas, vigilancia masiva sin base legal, identificación biométrica indiscriminada en espacios públicos. Y hay usos de riesgo alto —como sistemas que determinan el acceso a salud, crédito o justicia— que requieren condiciones estrictas antes de implementarse.

Regulación no es enemiga de la innovación
Uno de los mitos más repetidos es que poner reglas a la IA la frena. Falso. Lo que frena el desarrollo es la desconfianza. Y la desconfianza se genera cuando la tecnología actúa sin que nadie rinda cuentas. La norma crea precisamente ese ecosistema de confianza: obliga a las entidades públicas a tener políticas institucionales de uso ético, a realizar auditorías periódicas y a publicar sus códigos fuente cuando el desarrollo fue con fondos públicos.

Para el sector privado, la implementación es gradual —entre uno y cuatro años según el sector— pero la dirección es clara: transparencia, documentación y rendición de cuentas.

El desafío de fondo: las personas
La tecnología más sofisticada del mundo no sirve de nada si quienes la usan no están preparados. Por eso la norma también empuja la alfabetización digital, la formación en ética y la creación de laboratorios de IA en universidades e institutos. No es casualidad: el verdadero riesgo de la IA no es que piense demasiado, sino que los humanos pensemos de menos.

Usar la IA con ética no es una opción ideológica. En Perú, desde setiembre de 2025, es una obligación legal.

Por Boris Sebastiani, socio senior del área de Derecho Laboral y Seguridad Social.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°224.

La entrada IA con conciencia: usar la tecnología sin perder el control se publicó primero en Estudio Muñiz | Firma legal líder en Perú.

Cada vez es más frecuente que las empresas enfrenten fiscalizaciones de Sunat, en las que el auditor fiscal cuestiona la deducción del gasto o costo tributario, así como el crédito fiscal de operaciones de compra de bienes y/o servicios bajo el argumento de que las operaciones que las generan no son reales. Para ello, la Administración basa su posición en diversas carencias o falencias de los proveedores que se encuentran habilitados por la Sunat para emitir comprobantes de pago, sin ninguna restricción, imputando así al comprador la responsabilidad de dichas irregularidades.

La solución legislativa que encontró la Sunat para combatir la evasión tributaria y el uso de operaciones no reales es la creación de la figura del “Sujeto Sin Capacidad Operativa (SSCO)”. Así, a través del Decreto Legislativo 1532, publicado el 19 de marzo de 2022 y vigente a partir del 1 de enero de 2023, se crea la figura del “Sujeto Sin Capacidad Operativa”, norma que permite a la Sunat calificar como SSCO a aquel contribuyente que, aun estando inscrito en el RUC y habilitado para emitir comprobantes de pago, no cuenta con recursos humanos, materiales, técnicos o financieros suficientes para desarrollar las actividades comerciales que se indican en la ficha RUC. Para ello, la Sunat inicia un procedimiento de atribución de SSCO, notificando al contribuyente con una carta y un requerimiento de información solicitando la presentación de documentación para desacreditar la calificación de SSCO. El contribuyente tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar los medios probatorios que acrediten que sí cuenta con capacidad operativa. Si los documentos presentados por el contribuyente no desvirtúan la atribución, la Sunat emite su pronunciamiento dentro de los 30 días hábiles siguientes, a través de una resolución de atribución de SSCO, la cual podrá ser impugnada por el contribuyente en la vía administrativa (reclamación y apelación).

Una vez que dicha resolución de atribución de SSCO haya quedado firme, la Sunat la publicará en su página web y en el Diario Oficial El Peruano el último día calendario del mes en que esta haya quedado firme.

Una vez publicada la condición de SSCO, el sujeto calificado queda imposibilitado de emitir facturas, quedando solo habilitado a emitir boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas a dichas operaciones durante cinco años, computados a partir del día calendario siguiente a la publicación.

El impacto más relevante de dicha publicación recae en los clientes que recibieron en el pasado facturas emitidas por el SSCO, ya que la Sunat puede desconocer el crédito fiscal y el gasto/costo de todas las facturas emitidas por dicho sujeto desde el 20.3.2022 hasta el día de la publicación, aun cuando los comprobantes sean formalmente válidos. Sin embargo, la norma contempla un mecanismo de defensa que permite al cliente solicitar a la Sunat, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación, la revisión de los comprobantes emitidos por un SSCO, iniciando la Sunat una fiscalización parcial, orientada a verificar la fehaciencia de las operaciones contenidas en las facturas objeto de revisión, debiendo el cliente presentar el soporte probatorio que acredite de manera suficiente la fehaciencia de las operaciones, por ejemplo, contratos, informes técnicos o reporte de servicios, etc.

Bajo este contexto, es necesario que las empresas refuercen sus procesos de cumplimiento tributario y gestión de proveedores. No es suficiente con verificar si el proveedor tiene la condición de habido y puede emitir facturas válidas, sino que es necesario evaluar si el proveedor tiene capacidad operativa para realizar actividades comerciales. Además, es imprescindible que las empresas revisen de manera frecuente la lista de SSCO que publica Sunat, a fin de solicitar a esta dentro de los próximos 30 días hábiles la revisión de las facturas emitidas por el proveedor con dicha condición, ya que, de no hacerlo, el gasto o costo tributario y el crédito fiscal de dichas facturas no serán aceptados por Sunat.

La Sunat ya ha incorporado a más de 100 empresas al padrón de SSCO y esta lista continuará creciendo. Por eso, hoy más que nunca, la prevención es clave.

Por Karin Orbezo, socia senior del área de Derecho Tributario.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°224.

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