IA con conciencia: usar la tecnología sin perder el control
La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro. Es una realidad que opera en hospitales, juzgados, empresas y universidades. Y en Perú, desde setiembre de 2025, también tiene reglamento: el Decreto Supremo N° 115-2025-PCM regula su uso en el marco de la Ley N° 31814 y deja claro algo que muchos prefieren ignorar: la IA puede hacer daño si no se usa bien.
El reglamento no llega para frenar la innovación. Llega para que nadie juegue con fuego sin extintor cerca. Establece que todo sistema de IA debe operar bajo principios concretos: transparencia, no discriminación, protección de datos personales y, sobre todo, supervisión humana. Eso último no es un detalle menor: significa que ninguna máquina debería tomar decisiones que afecten derechos de personas sin que un ser humano capacitado pueda detenerla, corregirla o invalidarla.
La IA no tiene criterio moral. Las personas sí.
Esto es precisamente lo que señalan expertos en innovación legal como los de IE Law School: el abogado —y en general cualquier profesional— del siglo XXI no puede limitarse a usar herramientas. Tiene que entenderlas, cuestionarlas y saber cuándo no usarlas. La IA automatiza tareas repetitivas, analiza datos y genera contenido a una velocidad imposible para un humano. Pero no distingue entre lo justo y lo injusto. Eso sigue siendo territorio nuestro.
La norma peruana lo recoge al clasificar los riesgos. Hay usos que están prohibidos: manipular decisiones de personas, vigilancia masiva sin base legal, identificación biométrica indiscriminada en espacios públicos. Y hay usos de riesgo alto —como sistemas que determinan el acceso a salud, crédito o justicia— que requieren condiciones estrictas antes de implementarse.
Regulación no es enemiga de la innovación
Uno de los mitos más repetidos es que poner reglas a la IA la frena. Falso. Lo que frena el desarrollo es la desconfianza. Y la desconfianza se genera cuando la tecnología actúa sin que nadie rinda cuentas. La norma crea precisamente ese ecosistema de confianza: obliga a las entidades públicas a tener políticas institucionales de uso ético, a realizar auditorías periódicas y a publicar sus códigos fuente cuando el desarrollo fue con fondos públicos.
Para el sector privado, la implementación es gradual —entre uno y cuatro años según el sector— pero la dirección es clara: transparencia, documentación y rendición de cuentas.
El desafío de fondo: las personas
La tecnología más sofisticada del mundo no sirve de nada si quienes la usan no están preparados. Por eso la norma también empuja la alfabetización digital, la formación en ética y la creación de laboratorios de IA en universidades e institutos. No es casualidad: el verdadero riesgo de la IA no es que piense demasiado, sino que los humanos pensemos de menos.
Usar la IA con ética no es una opción ideológica. En Perú, desde setiembre de 2025, es una obligación legal.
Por Boris Sebastiani, socio senior del área de Derecho Laboral y Seguridad Social.
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°224.
