Inteligencia artificial y administración de justicia
Aunque parezca, no es el nombre de un guion de película futurista, sino una mezcla de palabras que contienen una antigua idea: usar la tecnología para alcanzar los objetivos más nobles de las civilizaciones humanas, en este caso, lograr resoluciones de conflictos lo más justas posibles.
En nuestro país, el Poder Judicial ha aprobado un proyecto denominado Tucuy ricuy, que viene a ser, precisamente, un software para aplicarse a los procesos judiciales por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Para implementar dicho proyecto se ha instalado un grupo de trabajo que cuenta con la participación de miembros de nuestro Poder Judicial, de especialistas tanto de la Universidad Nacional de Ingeniería como la Pontificial Universidad Católica del Perú y, sobre todo, del laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Este proyecto está diseñado para sistematizar la información relevante para que el juez pueda resolver el conflicto de manera eficiente, es decir, rápida y justa. Al parecer contará con fichas de información que la víctima de violencia o su abogado deberá llenar de manera precisa, la cual será ingresada al software para que este catalogue el caso concreto dentro de un grupo de casos históricos similares con patrones en común y señale posibles cursos de acción aplicando las leyes vigentes.
La realidad que ha permitido la aprobación de este proyecto en nuestro país procede de información del Sistema Integrado Judicial del 2015 al 2018, que lamentablemente ha revelado un crecimiento de 1148% en ingresos de causas nuevas por violencia familiar desde la entrada en vigor de la Ley n ° 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Es decir, la carga que soportan los juzgados por estos casos de violencia familiar es tan abrumadora que requiere soluciones que permitan resolver los casos con celeridad, pero, sobre todo, con justicia para los ciudadanos involucrados.
Implementado y aplicado este programa, la idea de nuestras autoridades judiciales y de la comunidad jurídica nacional en su mayoría, es replicar el modelo para todos los procesos judiciales, tal como ya se viene realizando en otros países de la región. Argentina ha implementado un sistema de inteligencia artificial denominado Prometea, para la resolución de conflictos contenciosos administrativos y tributarios. En Colombia se viene discutiendo aún la aplicación de PretorIA, un software de similares características para los casos de la Corte Constitucional de dicho país. Brasil cuenta con Víctor, que analiza recursos de apelación.
La tendencia es global, por ejemplo, el gigante asiático China, ha presentado el así denominado Tribunal de Internet de Pekín, un centro de litigios en línea que resuelve casos sencillos destacando no solamente su interfaz con apariencia femenina, con expresiones y gestos, sino, fundamentalmente, el desarrollo del Sistema de Cadena de Equilibrio en el que todo el proceso de acumulación de pruebas puede comprobarse por su trazabilidad. Estonia es otro ejemplo de aplicación de este sistema en el que las partes recurrirán a un sistema digital que analizará la documentación y sentenciará.
Es inevitable que nuestro país implemente no solamente este sistema tecnológico de administración de justicia para los casos de violencia familiar, sino para las demás especialidades que requieren una destacada descarga procesal.
Imaginemos un sistema judicial que, aplicando un algoritmo y accediendo a las bases de datos correspondientes, pueda demostrar en tiempo real que la casa de un ciudadano está siendo indebidamente ocupada, por lo que procede el inmediato lanzamiento. O ahorrarse estudiar cientos de operaciones financieras sospechosas y complicadas para que en dos minutos una inteligencia artificial determine si hay operaciones ilógicas o escondidas para que en base a esas anomalías pueda imputarse sospecha de lavado de activos o de defraudaciones tributarias.
En el caso de las tristemente célebres prisiones preventivas, analizar el verdadero elemento que defina su aplicación: el peligro de fuga, a través de un sistema de puntuación denominado Scoring que analizará los principales arraigos: laborales, familiares y domiciliarios. Cuántos más puntos, menos riesgo.
La sociedad entre ingenieros informáticos y abogados es una empresa interesante para enfrentar este nuevo y no tan lejano escenario.
Pero claro, las implicancias éticas de este tema son serias. Los algoritmos son construidos por personas de carne y hueso, con sesgos y prejuicios, como todos, por lo tanto, será vital para el desarrollo eficiente de esta nueva forma de administrar justicia, la posibilidad de examinar y supervisar el código de esos algoritmos para evitar que se incorporen esos sesgos o prejuicios intencionalmente. El caso más famoso de cuestionamiento ético es el controvertido algoritmo Compas que se utiliza en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos para hacer una estimación de la peligrosidad y riesgo de reincidencia de los acusados.
Se lo acusó de discriminar a ciertos grupos como los afroamericanos, problema no menor en la potencia norteamericana.
Otro aspecto para evaluar será la aceptación de la ciudadanía peruana, conservadora en su mayor parte.
Lo cierto es que la inteligencia artificial llegó a la aplicación del Derecho para quedarse y, como enseñó Darwin, el éxito de los individuos depende de la adaptación al nuevo entorno.
Por Javier Cornejo, socio de la sede Arequipa del Estudio Muñiz
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°212.
