Los riesgos adicionales de comprar una empresa en el Perú

Antes de comprar una empresa sabemos que se debe evaluar, normalmente a través de un proceso de due diligence o debida diligencia, cómo está la empresa que estamos interesados en comprar. Usualmente la revisión está en analizar las posibles contingencias tributarias, laborales, así como aquellos relacionados al sector del negocio que se está interesado en comprar; por ejemplo, algún tipo de permiso especial. Sin embargo, en los últimos meses, al momento de negociar un contrato de compraventa de empresas, estamos encontrándonos con la necesidad de evaluar otros asuntos que aparentemente no son legales.

Un asunto que nos viene acompañando en los últimos años es la inestabilidad política y regulatoria. Somos un país particular que, a pesar de haber tenido varios presidentes en un solo periodo presidencial, hemos seguido avanzando. Sin embargo, esto no significa que debemos tener en cuenta cambios frecuentes en normas tributarias, laborales, ambientales u otros que generan incertidumbre, y además podrían mermar el valor del negocio que estamos comprando; lo que puede eventualmente hacer que paguemos un precio alto y después el valor del negocio disminuya. En esa línea, está el riesgo a la interpretación de las normas, que a veces puede ser impredecibles (por ejemplo, de la Sunat o el Indecopi).

El tema de la criminalidad y seguridad ciudadana es una situación preocupante para todos los negocios y de todos los rubros. Los costos en seguridad de casi todas las empresas se han incrementado en un 100%. A pesar de ello, las noticias no son alentadoras y la delincuencia sigue aumentando en absolutamente todos los sectores, desde bodegas hasta gran minería, y esto afecta las operaciones diarias generando un enorme riesgo a clientes y empleados; lo que generará que la empresa tenga que incluso asumir más recursos en intentar mitigar este riesgo.

Por otro lado, las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos afectarán de todas formas las exportaciones peruanas que, según el Banco Central de Reserva del Perú, el año 2024 representaron 26.2% del PBI (Producto Bruto Interno), donde la minería y la agroindustria juegan un rol fundamental. Al momento de negociar un contrato de compraventa de acciones de un negocio vinculado a sectores que exportan, deberá evaluarse cómo se debe redactar el contrato de tal manera que se mitigue el riesgo para el comprador.

Parte de la labor de los abogados es explicar a nuestros clientes, especialmente inversionistas extranjeros, que la economía peruana es principalmente informal y que, si bien hacer un due diligence es obligatorio para tener claros los riesgos que se van a asumir, es posible que algunas empresas operen parcialmente en la informalidad y el reporte de due diligence esté parcialmente distorsionado existiendo mayores riesgos fiscales y laborales de los que se puedan ver en el reporte.

Hay otros temas para tener en cuenta como las posibles judicializaciones de controversias con un sistema judicial lento y poco predecible. Litigar por temas contractuales o tributarios puede tomar años sin garantía de imparcialidad. Además, los riesgos reputacionales como asociaciones con antiguos accionistas vinculados a escándalos de corrupción o incumplimientos pueden afectar el valor de la marca o relaciones comerciales. Puede haber restricciones financieras y acceso a crédito con elevadas tasas de interés y restricciones al financiamiento interno que dificultan apalancar operaciones post-adquisición.

Finalmente, las contingencias medioambientales no registradas en sectores como minería, agroindustria o inmobiliario pueden generar pasivos ambientales no regularizados que generan multas o costos de remediación futuros. En conclusión, comprar una empresa no es solo hacer un due diligence y negociar el contrato de compraventa de acciones, hay que evaluar el contexto del lugar donde se comprará el negocio. Esto representa un gran reto cuando se trata de una empresa peruana; además de una oportunidad para los abogados que dan valor agregado al momento de asesorar a sus clientes.

Por Alejandra Santistevan de las Casas, asociado del área de Derecho Corporativo.

Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°220.