¿Por qué descentralizar las asociaciones público – privadas?

Desarrollar la infraestructura en el país es importante porque permite incrementar la productividad. Con una infraestructura adecuada se reducen los costos de producción, se incrementa la conectividad, se amplían los mercados, se generan mayores fuentes de trabajo y, en general, se dinamiza la economía y se genera mayor riqueza. El desarrollo de la infraestructura social mejora la calidad de vida del ciudadano e incrementa su acceso a los servicios públicos básicos y esenciales como el agua, la salud, la seguridad y la educación. Con más y mejores escuelas, centros de salud y redes de abastecimiento de agua, el ciudadano se siente mejor atendido, se mejora el capital humano y se incrementa la productividad laboral. También se genera una mayor eficiencia en el gasto porque se puede focalizar el presupuesto público. Existe, por lo tanto, una relación directa entre el crecimiento de un país y el desarrollo de su infraestructura; pero no solo de mayor infraestructura, sino también de infraestructura de calidad.

A la diferencia que existe entre el nivel de inversión en un momento dado y el necesario para resolver los requerimientos de infraestructura de un país, sea por la existencia de infraestructura subóptima o por las dificultades para satisfacer demanda actual y futura, se le denomina brecha de infraestructura. Se estima que para alcanzar los niveles de infraestructura que tenía Corea en el año 2000, se requiere invertir entre el 4% y el 6% del PBI durante veinte años.

Para potenciar el desarrollo de la infraestructura y cerrar las brechas no solo es necesario generar mayor institucionalidad, efectuar una mejor planificación y contar con un marco jurídico claro y estable; sino que, debemos pensar también en esquemas disruptivos y dejar de lado ciertos prejuicios como, por ejemplo, que la centralización es la mejor alternativa para conducir los procesos porque permite un mejor control del gasto público.

De acuerdo con la legislación en materia de asociaciones público – privadas (APP), las APP cofinanciadas son aquellas que requieren cofinanciamiento del Estado o el otorgamiento o la contratación de garantías financieras o garantías no financieras que tienen probabilidad significativa de demandar cofinanciamiento. Y el cofinanciamiento es cualquier pago que utiliza fondos públicos, total o parcialmente, para cubrir las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, incluyendo los recursos que los ciudadanos pagamos por arbitrios, tasas y contribuciones.

Según las normas vigentes, las APP cofinanciadas de todos los niveles de gobierno, es decir, del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, se presentan ante Proinversión. Esto significa que se presenta a Proinversión cualquier proyecto de inversión que se desarrolle en el país bajo la modalidad de una APP que necesite el aporte de recursos del Estado. Además, en el caso de iniciativas privadas cofinanciadas de competencia de los gobiernos regionales y locales, la presentación debe hacerse durante los primeros 90 días calendario de cada año.

Si los gobiernos locales y los gobiernos regionales ejecutan presupuesto público para desarrollar infraestructura bajo las modalidades de obra pública y de obras por impuestos, y conducen ellos mismos los procesos de selección involucrados en estas modalidades, ¿por qué no podrían estar a cargo de los procesos vinculados con el desarrollo de infraestructura bajo la modalidad de APP cofinanciadas y bajo ciertas restricciones relacionadas con el costo de inversión o con el costo total del proyecto o con su duración?

De otro lado, si los ciudadanos pagamos ciertos tributos a las municipalidades para recibir servicios públicos como la limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines y el serenazgo o seguridad ciudadana, ¿por qué no es posible que los montos que corresponden a estos tributos salgan del esquema tradicional del cofinanciamiento y puedan comprometerse para el desarrollo de APP relacionadas con la prestación de los servicios a los que van dirigidos? Como se sabe, el importe que se cobra por arbitrios, por la naturaleza de este tributo, debe representar la prestación real y efectiva del servicio público y de su mantenimiento. Por lo tanto, en el fondo, estamos hablando de ingresos que guardan la misma lógica que tiene el pago de un peaje o de una tarifa. Es decir, estamos frente pagos vinculados a la prestación de un servicio concreto, frente a pagos por los cuales el ciudadano espera recibir un determinado servicio. Bajo este entendimiento, debería permitirse, por ejemplo, la constitución de fideicomisos con estos ingresos, bajo procedimientos más expeditivos y ágiles, con el objetivo de financiar el desarrollo de APP relacionadas con seguridad pública, para incrementar y mejorar la infraestructura y las redes de vigilancia integradas con la Policía Nacional que permitan combatir efectivamente la delincuencia. También es importante el desarrollo de proyectos para fomentar un uso más eficiente del agua para el riego de los parques y jardines públicos, a través de proyectos de tratamiento y reuso de agua residual; o también la implementación de proyectos para una gestión más apropiada de los residuos sólidos que permitan reducir el impacto y los efectos ambientales de los rellenos sanitarios, a través del aprovechamiento de tales residuos con fines energéticos, por ejemplo.

La crisis de confianza que estamos viviendo en el sistema y que, de alguna manera, ha afectado la legitimidad social que tienen las APP, tiene mucho que ver con la planificación y la institucionalidad. Una forma de recuperar esa confianza es acercando el sistema a las necesidades más inmediatas del ciudadano, sea a través de esquemas que preserven el adecuado uso de los recursos públicos, pero que también puedan ser implementados por sus autoridades más cercanas (los alcaldes y los gobernadores regionales) con proyectos que interesen al sector privado y que, además, sean de impacto social inmediato. Para ello un plan de asesoramiento y de transferencia de conocimientos sostenido es mejor que una centralización de los procesos.

Por Juan Carlos Salinas, socio senior del área de Infraestructura, APP y OxI.
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°196.