REFORMA DE JUSTICIA: ¿será en serio esta vez?
De las 4 reformas constitucionales planteadas por el presidente Martin Vizcarra al Congreso en su presentación del último 28 de julio, el Legislativo ha aprobado al momento en que escribo este editorial, solo 2. La referida a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante Junta Nacional de Justicia, JNJ), cuyo dictamen sancionó favorablemente solo a las pocas horas que el Ejecutivo presentara una moción de confianza y el de bicameralidad. Se estima que las dos restantes (no reelección de congresistas y financiamiento de partidos políticos) las apruebe antes del 4 de octubre.
De estas reformas la más importante es la que atañe al nombramiento y destitución de jueces y fiscales, labor que ahora estará en manos de la JNJ. Y esto es así, porque resulta imposible que sin un buen sistema de administración de justicia pueda existir algún avance en cuanto a institucionalidad se refiere.
En efecto, según el último reporte publicado por el World Justice Project (WJP) el Perú se ubica en el puesto 60 de un total de 113 países listados en ese ranking en materia de respeto a las leyes y, en consecuencia, apego al Estado de derecho. Si bien el lugar que ocupamos no es tan desalentador o dramático como el de Venezuela (último), sí debe llamar a preocupación y seria reflexión el indicador referido a corrupción (absence of corruption), uno de los 8 que utiliza el WPJ para elaborar su reporte, pues nuestro país ocupa en este caso la posición 24 de 30 (regional rank) y el lugar 89 de 113 a nivel mundial (global rank).
Para que no se vuelva a repetir entonces el dramático caso de julio último (audios de la corrupción) en el que hemos visto involucrados transversalmente a jueces y fiscales de toda jerarquía, será muy importante que quienes designen a los futuros jueces tengan en cuenta que nuestro país podría tener una calificación crediticia comparable a países del primer mundo si tuviéramos mejores indicadores institucionales, vale decir si nuestra justicia fuese predecible y los jueces que la administran competentes y honestos.
* (El WJP es una muy seria y respetada organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo)
Por Fernando Meléndez, socio principal del área de Litigios y Controversias
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°195
Foto: Congreso de la República