Remuneración mínima, competitividad e informalidad
A partir del 1 de abril del 2018, entró en vigencia el Decreto Supremo N°004-2018-TR, mediante el cual se incrementa la remuneración mínima vital a S/930.00 soles, es decir, se produce un incremento de S/80.00 soles; sin embargo, para el sector de las microempresas inscritas en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa el incremento se dio desde el 1 de mayo.
Este incremento beneficia aproximadamente al 2% de la Población Económica Activa que mantiene un puesto de trabajo, porcentaje poco significativo, si lo comparamos con el impacto negativo de la medida en el sector de la microempresa, en donde se concentra la mayor cantidad de empleo y que se encuentran en el tránsito de la formalidad. Además, si tenemos en consideración que el sector informal en el país representa casi el 72%, dicha medida ayuda muy poco a combatirla.
En un país en donde se necesita reducir la informalidad y promover el empleo, este incremento no viene en el mejor momento y camina en sentido contrario a dicha necesidad. Varios análisis económicos y de empleo señalan que “existe una relación negativa entre el aumento de la RMV y el nivel de empleo formal”, de allí que esta medida ha privilegiado lo político frente a lo técnico. El año pasado el PBI tuvo una tasa del 2.5%, generando alrededor de 190 mil puestos de trabajo, número bastante menor si se tiene que absorber a cerca de 330 mil jóvenes que se incorporan año a año a la fuerza laboral, por lo que resulta primordial que las empresas formales sean competitivas y generen empleo y los informales se incorporen a la formalidad, de otro modo, no tendremos empleo de calidad con beneficios laborales.
Este incremento implica un costo para las empresas del régimen laboral general de S/1,400 soles, porque en el costo anual, además de la RMV se debe incluir las vacaciones, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, asignación familiar y aportes a EsSALUD. Según el reporte de inflación de marzo del 2018, el Banco Central de Reserva ha señalado que esta alza generaría la eliminación de 118 mil puestos de trabajo en Lima Metropolitana y la tasa de desempleo podría pasar de 8% a 10,3%. Además, empujaría a la informalidad a otros 28 mil empleados en la capital. Estas cifras se estimaron sobre la base de la Encuesta Permanente de Empleo del 2017.
Sin duda, nadie puede estar en desacuerdo con que los trabajadores tengan mejores ingresos, pero todo incremento tiene que tener un correlato con la real posibilidad que los empleadores, sobre todo las microempresas, puedan cumplir con este aumento, muchos de los cuales hacen enormes esfuerzos por mantenerse en la formalidad. Creemos que se debió considerar una remuneración mínima diferenciada, bajo distintos criterios tamaño de la empresa, por regiones, por productividad y tomando en consideración la inflación y el costo de vida. De otra manera, si seguimos privilegiando lo político ante lo técnico, los esfuerzos por combatir la informalidad, aumentar la empleabilidad y generar trabajo decente, serán insuficientes.
Ricardo Vilchez, socio senior del área de Derecho Laboral y Seguridad Social.
Publicado en la revista Columnas del estudio edición n°194